Sobornos de Siemens AG

Se refiere a los pagos ilegales que realizó la empresa Siemens AG en relación a una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Siemens AG declaró que los pagos tuvieron inicialmente el propósito de ganar la licitación y que más adelante se hicieron otros para tratar de evitar que las nuevas autoridades argentinas rescindieran el contrato.

Cuando a raíz de la crisis económica Congreso argentino dispuso en noviembre de 2000 la revisión de todos los contratos del Estado, el nuevo presidente, el radical Fernando de la Rúa realizó una renegociación en un clima de presiones por parte del gobierno alemán pero el acuerdo no pudo concretarse por la cerrada negativa de Siemens de revelar su estructura de costos. El gobierno rescindió el contrato en mayo de 2001 y la empresa inició juicio reclamando una importante indemnización de Argentina.

Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens AG reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho. A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.

Siemens AG reconoció que esos pagos eran parte de una práctica generalizada de soborno de funcionarios pues también lo había estado haciendo en otros países y en relación a casi 300 contratos.

Los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero sospechaban que la licitación había sido preparada a medida para que la ganara el empresario Alfredo Yabrán pero, según ellos afirman, el desprestigio que lo envolvió al ser involucrado en el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas obligó al gobierno a modificar su estrategia. En los pedidos de suspensión de la licitación que sin éxito presentaron ante la justicia los diputados objetaban que fuera obligatorio que los DNI se entregaran a domicilio -lo cual aumentaba su precio-, que debieran ser renovados al cumplir 30 años y que el Estado asumiera gastos que debieran estar a cargo de la adjudicataria. Criticaban también que al haberse reunido en una sola licitación diversas tareas la magnitud del proyecto hacía que sólo unas pocas empresas pudieran competir.

El escándalo de sobornos del consorcio alemán Siemens se extiende y no se limita al departamento de telecomunicaciones como se creyó en un principio. Otras tres divisiones -transporte, energía y servicios financieros- también aparecen implicadas en sumarios judiciales abiertos. Además, ahora se ha revelado que ya desde 2003 la empresa, que emplea a medio millón de personas en 190 países, tenía constancia de que existían casos de corrupción. La fiscalía de Múnich ha constatado que el dinero, posiblemente más de 420 millones de euros, era empleado en sobornos para conseguir grandes contratos. Por el momento, ya han declarado ante la justicia 30 personas y se han registrado 30 sedes.

Continuará.