Sadly, even though national courts, international authorities, and countless organizations and institutions are now calling for action in La Oroya, the Peruvian government, the operating company (Doe Run Peru), and the owners (the U.S. Renco Group), have been slow to respond.
La Oroya es una ciudad ubicada a 175 Km. de Lima, en el departamento de Junín (Perú). En 1922 se convirtió en un centro metalúrgico cuando la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation inició sus operaciones. Desde entonces, la vida y la economía de esta población de aproximadamente 30,000 habitantes, gira en torno a las necesidades de esta gran fundición. La misma que es responsable de la contaminación por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados que emite diariamente al medio ambiente, a través de una enorme chimenea que parece dominar la ciudad.
En 1997 el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es vendido a la empresa norteamericana Doe Run Company y se crea Doe Run Perú (DRP), quien desde el comienzo modifica 3 veces el PAMA y pide una ampliación de su plazo (que vencía en enero del 2007) por cinco años más. Después de muchos escándalos y denuncias en medios de comunicación, nacionales e internacionales, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en controversial desición, resuelve en junio del 2006, darles la ampliación del PAMA hasta el 2009.
Lamentablemente, esta desición es tomada, aún sabiendo que desde 1999 se vienen realizando estudios de salud y a partir del 2001 se evidenciaron los altos niveles de plomo en sangre en mujeres gestantes y niños. Según el propio Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro), sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 ug/dl.
El 27 de junio del 2006, se reconoció el derecho a la salud de la población de La Oroya pues el Tribunal Constitucional peruano (TC) dictó sentencia en un proceso de acción de cumplimiento, declarando culpable al MINSA y ordenando implemente en 30 días un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes.
Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC.
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