Bajos de Haina (health care)

En Bajos de Haina, en el municipio de Paraíso de Dios aproximadamente 20 años ha estado funcionando un imponente complejo industrial; las chimeneas son evidentes desde lo más alto de los cerros de Paraíso de Dios. En esta ciudad se encuentran establecidas más de 100 industrias de químicos, manufacturas, productos farmacéuticos, artículos metalúrgicos, refinerías de petróleo como la Refinería Dominicana de Petróleo.


English version - Pollution

Bajos de Haina, has been referred to as the 'Dominican Chernobyl'. According to the United Nations, the population of Haina is considered to have the highest level of lead contamination in the world, and its entire population carries indications of lead poisoning. The contamination is believed to have been caused by the past industrial operations of the nearby Baterías Meteoro, an automobile battery recycling smelter. Although the company has moved to a new site, the contamination still remains.

Bajos de Haina was named as one of the ten most polluted places on earth by the US based environmental group the Blacksmith Institute in 2006, and is still listed as one of the 30 worst polluted cities in the world

NOTA#1 (Proporcionada por la BBC)


Médicos estadounidenses y expertos de República Dominicana empezaron a hacer una serie de pruebas en la población infantil de Bajos de Haina para analizar la salud de los niños en lo que ha sido considerado uno de los diez lugares más contaminados del mundo.
Luis Emilio Feliz Roa, director general de Salud Ambiental, señaló que el diágnóstico es exagerado y que el gobierno está haciendo lo posible para resolver cualquier problema de contaminación.

La ONG neoyorquina Blacksmith Institute, que elaboró el ranking de las "10 pesadillas del mundo", asegura en un informe que el origen de la plombemia en Haina son los talleres de fundición de baterías de automóviles.
En concreto, la contaminación del suelo y la sangre de los lugareños la relaciona a las actividades de una planta industrial ya cerrada. La fábrica se ha mudado a otra zona, pero detrás dejó una estela de niveles extraordinarios de plomo.


Luis Emilio Feliz Roa dice:


"Yo creo que es una calificación total y absolutamente exagerada y es incluso desconsiderada".
Al ser preguntado si está de acuerdo respecto a la cantidad de personas que potencialmente estarían siendo afectadas por el plomo respondió que "ni personal, ni institucionalmente estoy de acuerdo, no creo que sea así".






¿Hasta que punto llegará la maldita ceguera del ser humano?


Tiberius.

Health Crisis / Perú

In the Peruvian Andes, the giant Doe Run Peru smelter operates 24 hours a day, continuously spewing toxic smoke laden with heavy metals upon the densely populated city of La Oroya. The smelter emits such enormous quantities of pollution that many residents suffer from chronic respiratory illnesses and nearly all children in the city have lead poisoning. If internationally accepted health standards were enforced, many of these children would immediately receive medical attention or be hospitalized. Yet most do not, and because lead inhibits brain development, children in La Oroya may be injured for life.
Sadly, even though national courts, international authorities, and countless organizations and institutions are now calling for action in La Oroya, the Peruvian government, the operating company (Doe Run Peru), and the owners (the U.S. Renco Group), have been slow to respond.

La Oroya es una ciudad ubicada a 175 Km. de Lima, en el departamento de Junín (Perú). En 1922 se convirtió en un centro metalúrgico cuando la empresa Cerro de Pasco Copper Corporation inició sus operaciones. Desde entonces, la vida y la economía de esta población de aproximadamente 30,000 habitantes, gira en torno a las necesidades de esta gran fundición. La misma que es responsable de la contaminación por plomo, arsénico, dióxido de azufre y otros metales pesados que emite diariamente al medio ambiente, a través de una enorme chimenea que parece dominar la ciudad.

En 1997 el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) es vendido a la empresa norteamericana Doe Run Company y se crea Doe Run Perú (DRP), quien desde el comienzo modifica 3 veces el PAMA y pide una ampliación de su plazo (que vencía en enero del 2007) por cinco años más. Después de muchos escándalos y denuncias en medios de comunicación, nacionales e internacionales, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en controversial desición, resuelve en junio del 2006, darles la ampliación del PAMA hasta el 2009.

Lamentablemente, esta desición es tomada, aún sabiendo que desde 1999 se vienen realizando estudios de salud y a partir del 2001 se evidenciaron los altos niveles de plomo en sangre en mujeres gestantes y niños. Según el propio Ministerio de Salud (MINSA), el 99.1% de los niños oroínos tienen promedios altos de plomo en sangre, 33.6 ug/dl (microgramos por decilitro), sobrepasando los límites máximos permisibles de la Organización Mundial de la salud (OMS), que son 10 ug/dl.

El 27 de junio del 2006, se reconoció el derecho a la salud de la población de La Oroya pues el Tribunal Constitucional peruano (TC) dictó sentencia en un proceso de acción de cumplimiento, declarando culpable al MINSA y ordenando implemente en 30 días un sistema de emergencia para atender a las personas contaminadas con plomo en la sangre, debiendo priorizar la atención médica especializada de niños y mujeres gestantes.

Hasta la fecha no se ha cumplido la orden del TC.

Sobornos de Siemens AG

Se refiere a los pagos ilegales que realizó la empresa Siemens AG en relación a una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Siemens AG declaró que los pagos tuvieron inicialmente el propósito de ganar la licitación y que más adelante se hicieron otros para tratar de evitar que las nuevas autoridades argentinas rescindieran el contrato.

Cuando a raíz de la crisis económica Congreso argentino dispuso en noviembre de 2000 la revisión de todos los contratos del Estado, el nuevo presidente, el radical Fernando de la Rúa realizó una renegociación en un clima de presiones por parte del gobierno alemán pero el acuerdo no pudo concretarse por la cerrada negativa de Siemens de revelar su estructura de costos. El gobierno rescindió el contrato en mayo de 2001 y la empresa inició juicio reclamando una importante indemnización de Argentina.

Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens AG reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho. A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.

Siemens AG reconoció que esos pagos eran parte de una práctica generalizada de soborno de funcionarios pues también lo había estado haciendo en otros países y en relación a casi 300 contratos.

Los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero sospechaban que la licitación había sido preparada a medida para que la ganara el empresario Alfredo Yabrán pero, según ellos afirman, el desprestigio que lo envolvió al ser involucrado en el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas obligó al gobierno a modificar su estrategia. En los pedidos de suspensión de la licitación que sin éxito presentaron ante la justicia los diputados objetaban que fuera obligatorio que los DNI se entregaran a domicilio -lo cual aumentaba su precio-, que debieran ser renovados al cumplir 30 años y que el Estado asumiera gastos que debieran estar a cargo de la adjudicataria. Criticaban también que al haberse reunido en una sola licitación diversas tareas la magnitud del proyecto hacía que sólo unas pocas empresas pudieran competir.

El escándalo de sobornos del consorcio alemán Siemens se extiende y no se limita al departamento de telecomunicaciones como se creyó en un principio. Otras tres divisiones -transporte, energía y servicios financieros- también aparecen implicadas en sumarios judiciales abiertos. Además, ahora se ha revelado que ya desde 2003 la empresa, que emplea a medio millón de personas en 190 países, tenía constancia de que existían casos de corrupción. La fiscalía de Múnich ha constatado que el dinero, posiblemente más de 420 millones de euros, era empleado en sobornos para conseguir grandes contratos. Por el momento, ya han declarado ante la justicia 30 personas y se han registrado 30 sedes.

Continuará.